Familiares de víctimas de su Gobierno protestan afuera del penal para exigir justicia.

La expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, se descompensó este lunes durante la audiencia previa al inicio del primer juicio al que es sometida por el papel que tuvo en el golpe de Estado contra Evo Morales y en el que la Fiscalía ha solicitado la pena máxima de 10 años de prisión en su contra.

Áñez presenciaba la audiencia desde el penal de Miraflores, en donde se encuentra presa desde el año pasado, cuando se desvaneció y tuvo que ser atendida por los médicos. Estaba acompañada por su abogada, Norka Cuéllar, y vestía con una camiseta con su propio rostro y el lema “presa política”.

El tribunal ordenó el receso de la sesión a la espera de que la exsenadora se recuperara, ya que el juicio no podría iniciar sin ella presente. Como la sesión era virtual, se pudo observar en la pantalla cómo lloraba y se cubría el rostro con las manos, al igual que le ha ocurrido en otras presentaciones judiciales en donde se ha descompensado presuntamente por ataques de ansiedad.  

Los jueces del Tribunal Primero de Sentencia de Anticorrupción intentaban abrir el juicio este lunes después de que la primera audiencia, realizada el pasado 13 de marzo, se suspendiera porque los abogados de la exsenadora alegaron una serie de anomalías procesales y problemas técnicos.
En esta ocasión se repitieron varios inconvenientes de esa jornada, ya que la primera hora de la sesión previa a la instalación del juicio se realizó entre gritos e impugnaciones de los abogados de Áñez, más constantes fallas de audio que impedían escuchar a los oradores. Incluso fueron sacados de la sala virtual los periodistas que estaban cubriendo la audiencia.

La tensión política que genera el caso también se reflejó en las calles, ya que desde temprano miles de personas se congregaron afuera de la cárcel de Miraflores para exigir justicia por las víctimas que dejó el Gobierno de la expresidenta.

En la suspendida audiencia del 13 de marzo, los magistrados estuvieron de acuerdo en resolver  las demandas de la acusada para garantizar un proceso justo que no afecte su derecho a la defensa, pero aunque en ese momento el juicio se pospuso, las críticas de Áñez no cesaron, ya que hasta último momento exigió que la sesión fuera presencial y no virtual.

Además, Carolina Ribera, su hija, reiteró en sus redes sociales críticas al presidente Luis Arce y al ministro de Justicia, Iván Lima, y les exigió respetar el debido proceso. 

En este juicio, que fue bautizado como ‘Golpe de Estado II’, Áñez es acusada de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución al haber asumido la presidencia el 12 de noviembre de 2019 sin cumplir los requisitos institucionales necesarios, apenas un par de días después de que Morales fuera obligado a dimitir.

Cargos

Entre las múltiples anomalías citadas por la Fiscalía, destaca el hecho de que Áñez se colocó la banda presidencial en una sesión del Senado que no contaba con el quórum necesario para validar la ceremonia.

Además, ante la dimisión de Morales, la presidencia interina debía recaer en un legislador o legisladora del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), ya que tenían mayoría de escaños, y no en el bloque opositor del que Áñez formaba parte.

Durante el juicio también se analizará  la participación de políticos, policías, militares y personas de la sociedad civil que organizaron una sucesión presidencial irregular.

Por eso, junto con Áñez también están imputados el exjefe del Estado Mayor, Flavio Gustavo Arce; y los excomandantes del Ejército, Pastor Mendieta; Fuerza Aérea, Gonzalo Terceros; y Fuerzas Armadas, Palmiro Jarjury; el exinspector Jorge Elmer Fernández y el exjefe del Departamento de Operaciones, Sergio Carlos Orellana.

A ellos se suman dos prófugos: el excomandante de la Policía, Yuri Calderón, y el excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman.

Detención

Áñez, quien gobernó durante una año a partir de noviembre de 2019, fue detenida el 15 de marzo de 2021, sólo cinco meses después de que Luis Arce, el candidato del MAS, ganara la presidencia en unas elecciones que representaron el regreso de la democracia en Bolivia.

Desde entonces hay dos grandes causas judiciales en su contra. Una es la llamada ‘Golpe de Estado I’, en la que se le imputan los delitos de sedición, terrorismo y conspiración, y que está en curso pero todavía sin llegar a juicio; y ‘Golpe de Estado II’, que inició este lunes.

Junto con su participación en el derrocamiento de Morales y su anómala asunción como presidenta, también se investigan otras causas por delitos de lesa humanidad referidas a las masacres de Sacaba y Senkata que llevaron a cabo las fuerzas de Seguridad y militares a su cargo durante los primeros días de su gobierno, y que dejaron un saldo de por lo menos 38 personas asesinadas y cientos más heridas.

Desde que fue detenida en la cárcel de Miraflores, ubicada en La Paz, Áñez se autoproclamó como presa política y exigió en varias ocasiones la prisión domiciliaria al considerar que era víctima de violencia institucional. Sin embargo, las autoridades bolivianas rechazaron sus peticiones.

Tampoco fue apoyada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que rechazó las  medidas cautelares interpuestas por la expresidenta.

Defensa

Áñez ha desacreditado de manera directa las investigaciones. Sin reconocer jamás el golpe de Estado, insistió en que sólo se pretende “borrar la historia” del “fraude” de Morales para llevar a cabo un “juicio ilegal” en contra de “defensores de la democracia, de la justicia y de la libertad”.

En marzo, cuando inicio una huelga de hambre en protesta por el inicio del juicio que finalmente se frustró, Áñez escribió una carta en la que aseguró que asumió la presidencia “sin pedirlo, sin buscarlo y mucho menos esperarlo”.

Agregó que lo que sucede actualmente en Bolivia parece de “una época medieval y totalitaria” y con “presos políticos”, condición que no le ha sido reconocida por ningún organismo nacional ni internacional.

Más allá de las declaraciones, el secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, informó la comisión de fiscales presentó la acusación formal en contra de Áñez con base en más de 70 pruebas y más de 20 testigos.

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